Wednesday, August 31, 2011

ACERCA DE LO SUCEDIDO EN EL CASINO ROYALE

    COLABORÓ: SCORPION BRAKES



    Puerta de entrada al narcotráfico y la violencia en Monterrey, causante de 53 muertes, fue instalado a principios de año en Puebla, propiedad nada menos que de Mario Marín y sus cómplices.



    EL CASINO ROYAL DE PUEBLA En el 2010 ACENTO VEINTIUNO dio la voz de alerta en Puebla con el siguiente reportaje:



    No obstante las graves acusaciones de las relaciones de altos funcionarios estatales y sus nexos con grupos del crimen organizado como Los Zetas, el cártel del Sinaloa y el de los Arellano Félix, durante el gobierno de Mario Marín Torres se permitió la instalación de casinos con características fraudulentas.



    De forma clandestina se realizan juegos que no son permitidos por las leyes mexicanas, como black jack, con dillers y jaladores. Tal es el caso del Casino Royal, propiedad del ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres.



    Valuado en 25 millones de dólares, el Casino Royal se ubica en la planta alta del más exclusivo centro comercial Angelópolis, en Puebla, el Casino Royal permite un sinnúmero de actividades que permiten el lavado de dinero y apuestas prohibidas en todo el país.



    El casino, que se ubica entre un restaurante y las tiendas El Palacio de Hierro y Sanborn’s cuenta con un prestanombres, aunque la realidad es que es propiedad del “Gober Precioso”.



    Fuentes del gobierno de Puebla que pidieron el anonimato a Acento Veintiuno, revelaron que el prestanombres de Mario Marín Torres es Iván Mange, quien es conocido como un hombre dedicado a pequeños negocios.



    La fuente señaló que “es increíble que el ahora presunto dueño haya tenido que realizar préstamos para levantar pequeños negocios y ahora aparezca como inversionista con un poder de al menos 300 millones de pesos”.



    Esta es la realidad de desgracia dejada la semana pasada por la marca Casino Royale.



    Un día de terror el que se vivió durante la tarde del pasado jueves 25 de agosto en la ciudad Monterrey, Nuevo León, al momento de que un grupo armado conformado por varios sujetos desconocidos causaron pánico y muerte en el Casino Royale, ubicado en la concurrida avenida San Jerónimo.



    Cientos de personas se encontraban entreteniéndose con juegos de azar en el lugar, siendo en su en su mayoría mujeres, algunas de la tercera edad y hasta embarazadas. La tarde iba bien y nadie se imaginaría que un grupo de sicarios psicópatas planeara un ataque contra personas inocentes, independientemente de cualquier situación que los dueños del lugar mantuvieran con el crimen organizado, los delincuentes olvidaron cualquier tipo de respeto a la sociedad.



    Eran aproximadamente las 15:15 horas, en que los sicarios llegaron al lugar a bordo cuatro vehículos, ingresando al Casino Royale y sin decir absolutamente nada, comenzaron a rociar gasolina en la entrada del lugar y acto seguido prendieron fuego.



    Algunos sobrevivientes señalaron que intentaron utilizar la salida de emergencia, sin embargo la misma tenía un candado y no pudo servir de nada, así que los que pudieron lograron salir principalmente por el techo del inmueble con rumbo al estacionamiento.



    Elementos de la Policía Regia, Policía Estatal, paramédicos de la Cruz Verde, Cruz Roja, personal de Bomberos, de Protección Civil, de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Ejército Mexicano acudieron al lugar.



    Mas de 50 personas quedaron atrapadas en el negocio, contabilizando el reporte oficial un total de 53 personas fallecidas, y decenas de lesionados, algunos presentaron síntomas de intoxicación siendo trasladados de inmediato a nosocomios cercanos.



    LA INVESTIGACIÓN ARROJA POSIBLES VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO Y EXTORSIÓN.



    De acuerdo a las indagatorias, hoy se sabe que los casinos en su mayoría, se encuentran vinculados al crimen organizado de diferentes maneras, ya sea por el lavado de dólares en efectivo que son cambiados por pesos mexicanos en montos cercanos a los cientos de miles de dólares diarios, los cuales no son contabilizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de manera rigurosa, lo cual, acerca a los empresarios sin escrúpulos al crimen organizado, o en su caso, la inversión de dinero de manera directa, producto de actividades ilícitas, lo que en muchos de los casos, termina en desenlaces fatales por la violencia extrema empleada por los grupos de narcotraficantes asociados con empresarios.



    La ingenuidad no tiene cabida para los gobiernos y sus funcionarios, al hacerse evidente en la información recabada por las agencias de inteligencia de México, que el crimen organizado tiene todo un esquema de territorios perfectamente establecidos para cada cartel en todo el país, para lo cual enfrentan verdaderas batallas a sangre y fuego por una calle de lo que consideran les pertenece.



    Ahora bien, tomando en consideración la información anterior, el “cobro de piso” es parte de la actividad cotidiana de los narcotraficantes, que incluye lo mismo a vendedores ambulantes, comerciantes, bares, discotecas, pero sobre todo los más lucrativos, como los table dance y casinos. Mientras mayor sea la actividad ilícita en un estado, se da un fenómeno directamente proporcional a esta y que impulsa el envió de sicarios para el cobro de rentas e inversiones del crimen organizado.



    En Puebla, ya se han reproducido las claras señales del fenómeno que se encuentra enquistado en gran parte del país. De la nada aparecieron en las últimos meses, casinos que operan con propietarios que operan desde la clandestinidad, al igual que sus falsas y truculentas licencias, tal es el caso de el Win Pot. ASALTAN CASINO EN PUEBLA: PRIMERA ALARMA



    El pasado 29 de Junio del presente año, sujetos desconocidos asaltaron el casino denominado Win Pot, ubicado en el Circuito Juan Pablo II y la calle 19 Sur, colonia La Noria, de la ciudad de Puebla, propiedad de Antonio Kuri amigo claro, de quien más: Mario Marín Torres.



    En plena madrugada (4:30 horas) un numeroso grupo de asaltantes sometieron a clientes y empleados del centro de apuestas, robando a los apostadores todas sus pertenencias personales que consideraron de valor, así como el dinero de las cajas de cobro y la misma caja fuerte. El monto del robo ascendió a 700 mil pesos y fue cometido por tres sujetos armados que huyeron a bordo de un taxi robado.



    Lo grave del hecho, es que, al momento del asalto, se encontraban en su interior alrededor de 100 personas, quienes fueron obligadas a tirarse al piso y entregar sus pertenencias, aunado al hecho que evidencio la complicidad en la administración del alcalde capitalino Eduardo Rivera, que “extrañamente” permitía operar hasta altas horas de la noche el citado establecimiento de juegos y apuestas.



    Haciéndose evidente el alto poder corruptor que mantienen los empresarios dedicados a este tipo de negocios, derivados de las altas ganancias que arrojan la operación de los casinos, por la poca claridad en la operación de sus maquinas tragamonedas y sorteos que hayan en lo fraudulento con licencia.



    El pasado 30 de mayo del presente año, Acento Veintiuno puso al descubierto el origen ilegal de los recursos con que fue financiada la apertura del “Casino Royal poblano”.



    DESCUBREN A “EMPRESARIOS” POBLANOS QUE ROBARON 330 MILLONES DE PESOS AL GOBIERNO FEDERAL.




    Por todo México existen diferentes giros comerciales o actividades empresariales que han dado cabida a defraudadores de cuello blanco que han utilizado auténticas fachadas para beneficiarse de recursos públicos.



    Acento Veintiuno.- En esta ocasión, el reportaje de Acento Veintiuno aborda el seguimiento a defraudadores de cuello blanco que materialmente robaron a miles de familias mexicanas y al gobierno federal una cantidad global aproximada a los 330 millones de pesos. Hechos que quedaron al descubierto, al hacerse oficial la sanción impuesta la semana pasada por la Secretaría de la Función Pública en contra de la empresa de transporte de valores denominada TAMEME, quien fue multada por un millón 664 mil pesos e inhabilitada por cinco años para obtener contratos con el gobierno federal, derivado del abuso cometido en contra de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) de quien pretendían quedarse de manera mas que dolosa, una cantidad superior a los 314 millones de pesos.



    Emitiendo un comunicado la Función Publica exponiendo el siguiente argumento: “La sanción (a la empresa TAMEME) se derivó porque el proveedor “omitió” devolver los recursos públicos que pertenecen a Luz y Fuerza del Centro a pesar de instrucciones expresas y requerimientos del organismo”.



    EL GRAN ROBO.



    La transportadora de valores Tameme recibió entre el 6 La transportadora de valores Tameme recibió entre el 6 y 8 de octubre de 2009 tres depósitos por un total de 330 millones de pesos (solo para el armado de los sobres del dinero que ya había sido destinado para el pago a trabajadores, por lo tanto propiedad de ellos), que derivarían en el pago de la nómina de empleados activos y jubilados, correspondiente a la semana 41 de ese año, aunado a esa cantidad, el 9 de octubre, (un día después) recibió en efectivo 13.9 millones de pesos más por concepto de remanentes de nómina, reembolsos de caja chica y pago a trabajadores en zonas foráneas.



    El 11 de octubre del 2009 se dio a conocer públicamente la decisión gubernamental que determinaba la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Por tal motivo se suspendieron las actividades de la paraestatal, para iniciar el proceso de liquidación. Momentos aprovechados por los seudoempresarios Federico Jee y Fernando Barrera (hijo de la accionista mayoritaria Concepción Jee), quienes de manera infame y dolosa afectaron a miles de trabajadores, a quienes se les retuvo en las arcas de TAMEME el salario que ya había devengado durante la quincena que correspondía del primero al 15 de octubre de ese mismo año, pretendiendo quedarse con los mas de 330 millones de pesos, ocultando que esa “empresa” los tenía para disposición de los trabajadores.



    El grado de cinismo de Fernando Barrera, Federico y Concepción Jee fue “memorable”, al momento que en noviembre del 2009 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes liquidador de LyFC, le requirió a TAMEME los millones de pesos que ilegalmente habían hecho desaparecidos en las cuentas de su “empresa”, negando, (sí, negando) que los más de 330 millones de pesos de los trabajadores existían.



    Teniendo que intervenir la Procuraduría General de la República el 23 de junio del 2010 (ocho meses después), para que Fernando Barrera, Federico y Concepción Jee, “recordaran” que siempre sí tenían los millonarios recursos, pero ahora argumentaron que no los entregarían por que ese dinero (admitían) eran los sueldos de los trabajadores.



    Finalmente y con un pie en la cárcel, los dueños de TAMEME aceptaron que tenían 214.1 millones de pesos de empleados de Luz y Fuerza del Centro “bajo resguardo” y cambiando por tercera ocasión su versión, aseguraron que habían pagado 101 millones antes de la extinción de la compañía. No obstante hasta el cierre de esta edición, más de doscientos millones de pesos propiedad de familias mexicanas continúan desaparecidos por la transportadora de valores.



    EL CASINO Y EL RIESGO DE SU DINERO.



    Casualmente a los seis meses de la “desaparición” de los 300 millones de LyFC, se contrato el local comercial que hoy alberga la negociación denominada Casino Royal ubicada en el centro comercial Angelópolis, lugar en el que desarrollan diariamente apuestas, juegos y sorteos, el cual, contrasta de manera clara con la elegancia de toda la zona, al estar decorado e instalado con un “gusto” (por así decirlo), diferente al de las cadenas comerciales que cuentan con fachadas e interiores exquisitos.



    El inmueble que alberga a esta negociación fue contratado por cinco años, y en el que se necesitaron mas de siete meses para la adecuación de las instalaciones que hoy lo albergan, el local comercial aparece nada menos que a nombre de una empresa propiedad de Fernando Barrera, Federico y Concepción Jee.



    Sobre del casino, se gestionaron múltiples permisos estatales y municipales que dará a conocer en siguientes entregas Acento Veintiuno, los cuales fueron “representados y agilizados” por personas que laboraban para el entonces secretario Javier García Ramírez, bajo la anuencia y complicidad de su verdadero dueño, el gobernador Mario Marín Torres.



    Este casino mantiene una interface con un centro internacional de juegos instalado en Las Vegas, Nevada, al que se le efectuaron diferentes transferencias por fuertes sumas de dinero, por concepto de garantía y deposito para la operación y mantenimiento de los servidores de las apuestas, línea de investigación a la que la PGR ha dado seguimiento para establecer la vinculación de los fondos con el dinero defraudado al SAE. De la misma forma la policía federal ministerial continua con la indagatoria, para establecer el origen de los depósitos a diferentes cuentas en los Estados Unidos, con lo que se contrato el “alquiler” de las maquinas tragamonedas instaladas en el casino royal para los sorteos y juegos de números, a empresas especializadas para esos servicios, las cuales les prestan sus servicios a conocidos casinos instalados en territorio norteamericano.



    La Unidad Financiera Contra el Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde hace más de diez meses les sigue la pista a las empresas vinculadas a la familia de apellido Jee, derivado de la denuncia presentada por el SAE del gobierno federal, el 23 de junio del 2010 ante la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Procuraduría General de la República, derivado de un desfalco total por 314 millones de pesos.



    EL RESUMEN.



    En la actualidad, las autoridades se rasgan las vestiduras y dicen que estarán al pendiente de todos los casinos de México, no obstante, las evidencias brotan por doquier y las complicidades del dinero ilícito para la instalación de casinos, están de manifiesto, pero de manera irregular continúan abiertos y en pleno funcionamiento en el estado de Puebla, sin medidas reales de protección civil, ni comprobación real de los orígenes del dinero invertido, los ciudadanos acuden diariamente a un “entretenimiento” que hasta el pasado jueves 25 de agosto, consideraban era seguro.

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